En el marco de esta consulta pública sobre la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia destaca el gran impacto que ha tenido y tiene la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la «Convención») en los ordenamientos jurídicos de los Estados parte a la hora de abordar el tratamiento de la discapacidad.
En España, la ratificación de dicho tratado internacional ha provocado un conjunto de reformas legislativas con el fin de adecuarse al modelo social o de derechos humanos en el ámbito de la discapacidad. La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante, la Ley 26/2011) fue un primer intento, pero totalmente insuficiente.
Más tarde, el legislador español aprueba el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante, RDL 1/2013) y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (en adelante, LJV) .
Sin embargo, la legislación civil y procesal española vigente en materia de discapacidad continúa sin adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos. Así lo ha puesto de manifiesto reiteradamente el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, el «Comité») , tanto en su papel de supervisor de la aplicación del Convenio por parte de España como de intérprete de dicho tratado internacional.
Por este motivo se ha llevado a cabo una consulta pública sobre la reforma de la legislación civil y procesal en materia de diversidad.
Os adjuntamos el informe elaborado desde el Observatorio de Derechos en Salud Mental de la Federación Veus.
Leave a Reply